El congresista guatemalteco Carlos Barreda dice que el avance de la investigación ha permitido determinar la responsabilidad de los uniformados en la matanza, tras una visita a Ciudad de México para conocer los detalles de la indagación
Lo que se sabe
Rostros de los migrantes asesinados en Tamaulipas.CORTESÍA
El gobierno guatemalteco
A Barreda, jefe de la bancada de la UNE, lo acompañan otros ocho congresistas de su partido. En la capital mexicana se han reunido con legisladores, con el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, y con el director general de América Latina y del Caribe de la Secretaría de Cancillería mexicana, Martín Borrego. También participaron en una reunión virtual con el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios. Aunque la visita es promovida por su grupo parlamentario y no por el Congreso, ha recibido el apoyo del embajador guatemalteco, Mario Búcaro.
Según ha explicado Barreda, el plan inicial era viajar a Tamaulipas, donde se produjo la masacre, para poder conocer el avance de las investigaciones sobre el terreno, pero lo descartaron por motivos de seguridad después de que Búcaro tuviera que irse la semana pasada de ese Estado tras sufrir amenazas. “Tuvo que salir rápido de Tamaulipas hacia Monterrey, en bus, porque al hotel donde él estuvo estuvieron llegando, intimidándolo”, ha afirmado.
Reacción desde el legislativo
Entre las demandas que piden los parlamentarios en México está que el crimen no quede impune y que reparen a las familias de las víctimas. El lunes, el comisionado del INM se comprometió a que el Gobierno mexicano cubra los costos de la repatriación de los restos de los migrantes, una de las demandas de los familiares para poder cerrar el duelo. “La fecha dependerá de la Fiscalía porque los restos son una prueba y hasta que no hayan concluido todo lo que tengan que hacer, no pueden entregarlos”, ha dicho otro de los miembros de la comitiva guatemalteca, el diputado Mario Gálvez, del departamento de San Marcos, de donde procedían casi todos los migrantes.
Antecedentes
Desde hace más de una década, Tamaulipas se ha convertido en uno de los pasos más peligrosos para los migrantes. En 2010, un grupo criminal asesinó a 72 centroamericanos y sudamericanos. Un año después, las autoridades hallaron casi 200 cuerpos en fosas clandestinas en ese mismo municipio, la mayoría migrantes. En 2012, dejaron los cuerpos desmembrados de 49 personas, entre ellos migrantes, en Cadereyta, cerca de Monterrey, en la salida de la ruta hacia Reynosa.
Por el momento, los diputados guatemaltecos regresan a casa con la promesa de que esta vez el crimen no quedará impune. “Vemos que en todos los diputados ha pegado mucho el discurso del presidente Andrés Manuel [López Obrador] que dice que esto no va a ser un nuevo San Fernando”, ha dicho Barrera sobre las reuniones que ha tenido en México. “El manejo político del tema ha sido decirnos que van a hacer su esfuerzo y que el peso de la ley va a caer y que están dispuestos a reparar a las familias y que hablemos de una agenda de trabajo para que esto no pueda suceder”.
