Los restos de los 16 migrantes asesinados el 22 de enero en el norte de México ya están en Guatemala. Casi 50 días después de que sus familiares tuvieran las primeras noticias de la muerte de sus seres queridos a través de los coyotes que los guiaban a Estados Unidos, sus cuerpos fueron repatriados este viernes en un avión de carga costeado por el Estado de Tamaulipas, donde los migrantes fueron ejecutados y calcinados.
La aeronave aterrizó antes de las ocho de la mañana en el Aeropuerto Internacional La Aurora de Ciudad de Guatemala y se desplazó a un sector de la Fuerza Aérea. Del avión fueron descendiendo, uno por uno, los féretros de los migrantes cubiertos por la bandera guatemalteca para ser entregados a dos representantes de cada familia, que esperaban con fotos de las víctimas y coronas de flores bajo unos toldos instalados por el Gobierno para el homenaje.
El presidente Alejandro Giammattei les prometió a los familiares que la investigación llegará “hasta las últimas consecuencias” para que se conozca y castigue a los responsables de la matanza. “No están solos. Cuenten con nuestro apoyo para que este hecho no quede impune y se haga justicia”, dijo en un acto en el que decretó tres días de duelo nacional en memoria de las víctimas.
Para los familiares, la repatriación de los cuerpos supone un paso para poder cerrar el duelo de la muerte de los migrantes que dejaron Guatemala con el sueño de ofrecer un mejor futuro a los suyos. “Estamos contentos por poder enterrarlo, pero con tristeza y dolor”, le dijo a EL PAÍS Cristino Miranda, cuñado de Édgar López. A sus 50 años, él era el mayor de los migrantes fallecidos. Había sido deportado el año pasado, tras ser arrestado en una redada en una planta de pollos en Misisipi y quería regresar a EE UU, donde había vivido 22 años, para reencontrarse con su mujer, sus tres hijos y nietos.
Como él, la mayoría de migrantes procedían de aldeas remotas del municipio de Comitancillo, en el departamento de San Marcos, donde este fin de semana se llevarán a cabo los funerales de los fallecidos. De allí salieron el 12 de enero para ofrecerles una vida más digna a los suyos o para costear operaciones o tratamientos a sus familiares enfermos, algo que no podían hacer con su trabajo en Guatemala. Diez días más tarde, el grupo perdió la vida en Camargo, en Tamaulipas, en un camino rural cerca de la frontera con Estados Unidos, en una zona disputada entre el Cartel del Noreste y el Cartel del Golfo.
En total, en la masacre fallecieron 19 personas, la mayoría migrantes. Aunque en un principio se dijo que los guatemaltecos eran 15, en las últimas semanas se dio a conocer que había una víctima más de esa nacionalidad. Los otros restos correspondían a mexicanos que pertenecían a las redes de coyotaje. A principios de febrero, la Fiscalía de Tamaulipas informó de que al menos 12 policías del grupo de élite GOPES estaban involucrados en la masacre. El titular de esa oficina dijo que los agentes estaban acusados de asesinato, abuso de autoridad y falsedad en sus informes, pero evitó dar detalles sobre el papel exacto que tuvieron en la matanza.
Un grupo de congresistas guatemaltecos que viajó el mes pasado a México le dijo a EL PAÍS que los policías confesaron haber matado a los migrantes, pero no haberlos desmembrado ni quemado. La semana pasada, el canciller guatemalteco confirmó, además, que cinco migrantes sobrevivieron a la matanza y que habían declarado ante las autoridades. Pero no quiso ofrecer más detalles de la investigación, que continúa en curso.
En su mensaje de este viernes, Giammattei también lanzó un mensaje contra las redes de coyotaje y los traficantes de personas. “Estamos colaborando de manera estrecha con los países de la región y con los cuerpos de seguridad de Guatemala para ubicar, perseguir y desarticular a todas aquellas bandas de criminales que se aprovechan inescrupulosamente de la necesidad de nuestros connacionales, que les engañan, estafan y embarcan en un viaje oneroso”, afirmó. Para migrar a Estados Unidos, la mayoría de las víctimas empeñó sus casas y terrenos para poder pagar los más de 100.000 quetzales (más de 13.000 dólares) que piden los coyotes por el trayecto. Los migrantes suelen pagar un adelanto y, una vez que llegan a EE UU, comienzan a pagar el resto y las deudas que dejaron en casa.
Giammattei también prometió que se trabajará para generar “muros de prosperidad y desarrollo” para que los guatemaltecos no tengan que arriesgarse en el camino al norte. “Que esta masacre nos sirva como ejemplo de la lucha que tenemos que hacer para que en nuestro país se hagan las condiciones para quedarse”, dijo antes de dar el pésame a los familiares de las víctimas.
Fuente: El País
