El recurso quedó en manos del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, uno de los designados a propuesta de AMLO.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no acepta a trámite la controversia constitucional promovida por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por una falla técnica de los legisladores tamaulipecos.
De acuerdo con una notificación de la SCJN, los diputados locales del Congreso de Tamaulipas promovieron la controversia sin presentar la copia certificada de la documentación que acredite su investidura.PUBLICIDAD
Por ello, el ministro ponente de este caso, Juan Luis González Alcántara Carrancá –uno de los designados como ministros a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador-, advirtió que la controversia podría ser desechada.
“Previamente a decidir lo que en derecho proceda respecto a la interposición de la controversia constitucional, conviene precisar que los promoventes acuden a este medio de control de constitucionalidad sin acompañar la documentación en copia certificada que los acredite con el carácter que ostentan”, dijo.
Señaló que ello resulta relevante en virtud de qué, conforme al artículo 22, numeral I, inciso 1, de la Ley Sobre la Organización y Fundamentación Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, es atribución del presidente de la Mesa Directiva, tener la representación legal del Congreso para actuar en controversias constitucionales.
El ministro González Alcántara Carrancá dio un plazo de 24 horas para que, con el fin de agilizar el trámite de instrucción, los promoventes exhiban a ante la SCJN la copia certificada de la documentación que permita acreditar que tienen la facultad para actuar en representación legal del Congreso de Tamaulipas.
“De no cumplir con lo ordenado se decidirá sobre la presentación de los escritos de mérito con los elementos con que se cuenta”, dijo el ministro. Si los legisladores no cumplen el requisito la demanda podría ser desechada.
De acuerdo con los registros oficiales, fue el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas y otros legisladores, quienes promovieron la controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión.
En específico demandaron el efecto de desafuero inmediato del gobernador Cabeza de Vaca, pretendido por la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión, erigida en Jurado de Procedencia, según el expediente SI/LXIV/DP/02/21.
El efecto pretendido por el Jurado de Procedencia es que la mera declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados retira la inmunidad al gobernador y se puede proceder penalmente en su contra, quedando a disposición de las autoridades competentes.
En contraste, los legisladores locales es el Congreso de Tamaulipas quien debe tener la última palabra sobre el desafuero del gobernador del estado.
FUENTE: El Financiero
