El Congreso de Tamaulipas interpuso el viernes una controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito que habría concedido la orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca, pues consideró que esto afecta su autonomía constitucional.
El caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, llegó nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en medio de un ambiente politizado sobre la supuesta orden de aprehensión que solicitó y obtuvo la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del mandatario estatal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
El Congreso de Tamaulipas interpuso el viernes una controversia constitucional contra la Fiscalía General de la República y el Juez de Distrito que habría concedido la orden de aprehensión contra el gobernador García Cabeza de Vaca, pues consideró que esto afecta su autonomía constitucional, así como la declaración del 14 de mayo emitida por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
Argumentó que en uso de sus facultades determinó “no homologar la declaración de procedencia aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados”, lo cual significa que el gobernador “mantiene su fuero, y por lo tanto no se puede girar, ni ejecutar ninguna orden de aprehensión en su contra”.
Previamente, el Congreso de Tamaulipas aprobó presentar una denuncia en contra de los responsables de la solicitud y ejecución de la orden de aprehensión en contra del mandatario tamaulipeco.
En tanto, este fin de semana, la SCJN admitió a trámite el recurso de reclamación que interpuso el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en contra de la resolución del 14 de mayo, cuando la SCJN – a través del ministro González Alcántara Carrancá- desecho la controversia constitucional del Congreso de Tamaulipas.
De esa forma, el máximo tribunal del país tiene que resolver en los próximos días ambos recursos presentados tanto por el Congreso de Tamaulipas, como por la FGR.
En tanto, la Casa de Gobierno de Tamaulipas en Ciudad Victoria, donde se encontraría el gobernador Francisco Cabeza de Vaca, fue blindada con Unidades artilladas del Grupo de Operaciones Especiales, apoyadas por policías estatales y municipales fuertemente armados.
Ambiente politizado
El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el proceso de desafuero contra el gobernador de su partido “está sumamente desaseado”, y estimó que el caso “quedará en una llamarada de petate más”.
También descartó que en el Senado proceda la desaparición de poderes en Tamaulipas, ya que la bancada de Morena -quien promueve esa acción- no tienen la mayoría calificada. Reiteró que se trata de una persecución política a través de la Fiscalía General de la República, “que se ha convertido en el brazo operar de Morena”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió el viernes a la Suprema Corte que resuelva “lo más pronto posible” el caso, y exigió al Poder Judicial que “asuma su responsabilidad” y determine si el gobernador puede ser detenido.
“Es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República que es independiente, autónoma. Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores”, dijo López Obrador.
Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, emplazó al gobernador García Cabeza de Vaca, a dar la cara y presentarse ante las autoridades si considera que no existen elementos para una orden de aprehensión en su contra.
FUENTE: El Economista
