La senadora Guadalupe Covarrubias entregará el proyecto al coordinador del grupo parlamentario de Morena.
La senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, afirmó que impulsará el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas, debido a la aprobación de múltiples leyes que señaló de inconstitucionales.
Asimismo, detalló que estas atentan directamente contra la decisión de las y los tamaulipecos en el último proceso electoral.
“El mismo día que declaré lo anterior, el congreso local, traidor a su pueblo, las aprobó sin pensarlo, minando la democracia y anulando la voluntad popular”, expresó Covarrubias.
Las desapariciones en la frontera norte de Tamaulipas, los constantes enfrentamientos y la vulneración social y económica han sido, en voz de la funcionaria pública, resultados directos de la inestabilidad política del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
“Sé que la desaparición de poderes no es lo ideal, pero me veo obligada a iniciar este proceso, pues la Suprema Corte no se ha pronunciado y mi deber es velar por el bienestar de las y los Tamaulipecos”, diji la legisladora.
Además mencionó que la inconstitucionalidad atañe a los actos contrarios al Pacto Federal de los tres poderes del estado de Tamaulipas y, por ende, a la supremacía constitucional.
La senadora hizo énfasis en que Tamaulipas es un estado libre y soberano, más no autónomo.
“No se puede estar contraviniendo la constitución, mucho menos cuando la motivación para cambiarla es blindar a una persona de que rinda cuentas por sus actos”, afirmó la morenista.
Después de lo comunicado, la senadora Covarrubias hizo aviso de la entrega personal del proyecto al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, para que de forma inmediata se empiece a construir la mayoría de los votos e iniciar el proceso de desaparición de poderes.
Por ultimo, mencionó que el congreso local no puede ser omiso a su pueblo; agregó que el Gobernador tamaulipeco debe defenderse como ciudadano y dejar de utilizar el aparato gubernamental para evadir la denuncia interpuesta en su contra.
FUENTE: El Financiero