Un repaso de los retos que afrontarán los nuevos diputados y de lo que se ha avanzado hasta la fecha
El principal reto de la LXV Legislatura de Tamaulipas que comienza funciones el viernes 1 de octubre será superar sus diferencias políticas para alcanzar acuerdos que permitan el avance de la entidad que tiene varios temas pendientes como el ambiental, la seguridad, entre otros.
El Congreso del Estado de Tamaulipas está integrado por 36 diputados, 22 de mayoría relativa y 14 de origen plurinominal; de acuerdo con la distribución por el porcentaje electoral Morena obtuvo 18 curules, el PAN 11, el PRI cuatro, el PT dos y MC uno.
Debido a que ninguno obtuvo la mayoría absoluta, ambas bancadas tendrán que negociar para alcanzar los acuerdos sobre tópicos entre los cuales podría incluirse el aborto, del cual ningún diputado electo se ha pronunciado públicamente.
Las bancadas parlamentarias estarán representadas por Armando Javier Zertuche Zuani y Luis René Cantú Galván, de Morena y Acción Nacional, respectivamente; Edgar Melhem Salinas, del PRI, y Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano; quedando aún pendiente la representación del PT.
TEMAS PENDIENTES
En cuestión de seguridad los rubros a tocar serán la situación de peligro en la frontera, la continuidad o no del blindaje de escolta al gobernador y retomar el tema del desafuero del titular del ejecutivo estatal.
El dirigente legislativo de Morena, Armando Javier Zertuche Zuani, señaló que en el Congreso del Estado se vivirá una nueva era, afirmando que en Tamaulipas se dará prioridad a la legalidad y a los temas que interesan a sus ciudadanos.
Entre los tópicos pendientes resaltan el del medio ambiente y sustentabilidad, desde hace años está en los archivos la carpeta de una procuraduría ambiental; sanciones por el uso de bolsas de plástico que solo fue legislado a medias desde la anterior diputación, el tema del agua en la zona sur del estado, el destino final de los desechos de las principales ciudades, entre otros.
LA GUARDIA NACIONAL
La presencia y sobre todo accionar de la Guardia Nacional en Tamaulipas es uno de los reclamos tanto del Ejecutivo como del Legislativo, en ese sentido la diputada electa Magaly Deandar Robinson señaló que desde hace 10 años las ciudades de Tamaulipas no cuentan con una policía local y dependen de la policía estatal.
Sobre ello, la legisladora electa afirmó que es necesario contar con un mayor número de elementos de la GN para aumentar la seguridad sobre todo en localidades de la frontera donde se registran los mayores incidentes violentos en el estado.
LO QUE SE HA HECHO
La presente legislatura estatal, la LXIV que está a punto de concluir, ha logrado avances, pero también deja algunos pendientes para la ciudadanía y el estado en lo general.
De acuerdo con el récord de la Cámara estatal, desde el mes de octubre de 2019 a la fecha, una vez conformadas las comisiones de los 22 diputados de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, se han presentado más de 900 iniciativas.
De este total, la Comisión Permanente tras recibir los estudios de las respectivas comisiones avaló las recomendaciones competentes y se dictaminaron más de 740, que posteriormente fueron votadas en el pleno legislativo.
Sobre ello, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores, ahora diputado federal plurinominal en el Congreso de la Unión, señaló que el trabajo realizado por la legislatura estatal la posiciona como una de las más productivas de la historia.
INICIATIVAS APROBADAS
De acuerdo con ello, en materia legislativa en Tamaulipas se logró en los últimos tres años la promulgación de varias leyes como la igualdad de derechos, así como para la protección de la mujer, de los menores de edad, de personas discapacitadas, así como de animales.
El diputado local Edmundo Marón Manzur, secretario de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, expuso que se presentaron 28 medidas compensatorias o de acción afirmativa, para ser incluidas en la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Tamaulipas.
Explicó que parte de las medidas contemplan beneficios para el resto de los grupos vulnerables, como en materia de igualdad de género y equidad salarial entre hombres y mujeres, programas para combatir la explotación laboral en menores de edad, y descuentos para la entrada a centros turísticos y medios de transporte para las personas adultas mayores y personas con discapacidad.
SEGURIDAD A MENORES
Sobre ello, se aprobaron reformas al Código Penal por el Pleno del Congreso del Estado para evitar que en las disputas familiares se utilice a los menores como medios de presión para que una de las partes en conflicto obtenga beneficios.
De acuerdo con ello, en Tamaulipas, con base a las consideraciones de los diputados locales, será delito la retención u otras acciones que involucre a los menores como medios para la solución de diferendos entre los cónyuges.
Con base a lo expuesto, quienes incurran en la retención u ocultamiento de menores de edad o de personas que no sean capaces de entender el hecho, podrían hacerse acreedores a una pena de cárcel de dos a seis años, así como al pago de multas.
Para ello se modificaron el capítulo séptimo en su título décimo tercero del Código Penal, reforma de párrafos 1 y 2 del artículo 300 y el párrafo primero del artículo 301 de la citada legislación con el objeto de concretar esta propuesta.
ALTO AL CIBERACOSO
El Congreso local aprobó reformas al Código Penal del Estado incorporando los delitos de ciberacoso y violación a la intimidad, con lo cual se garantizan los derechos de las personas víctimas y constituye un gran avance para que se respeten los derechos a la intimidad y a la privacidad de todas las personas.
Por lo anterior, queda establecido que comete el delito de ciberacoso quien hostigue o amenace por medio de las tecnologías de la información y comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital y cause un daño en la dignidad personal, o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas, mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones, gráficas, sonoras o fotografías.
A la persona que cometa este ilícito se le impondrá una pena de hasta cinco años de prisión y multa de 300 a mil veces el valor diario de la UMA, es decir hasta 86 mil 880 pesos.
La pena que se establece será de hasta ocho años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la UMA, lo cual podría llegar hasta un millón 737 mil 600 pesos, aumentando cuando el sujeto pasivo sea menor de edad o incapaz, así como cuando exista relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, o relación sentimental entre la víctima, alrededor de 11 años.
FUENTE: El Sol de Tampico
