El Congreso de Tamaulipas aprobó reformas al código penal para aplicar penas y multas a quienes alteren, impidan o restrinjan el flujo de agua destinado para el uso urbano.
La iniciativa de decreto fue presentada por el legislador morenista Juan Ovidio García García, y establece que se sancionará hasta con seis años de cárcel a la persona que sin autorización, concesión, licencia o permiso de la autoridad sustraiga agua potable de la infraestructura hidráulica propiedad municipal o estatal, con fines de comercio de servicio o industria.
En la exposición de motivos indicó que el líquido es un recurso natural limitado pero imprescindible para la vida saludable, que además es una necesidad colectiva, básica y fundamental, por ello es necesario tomar acciones en contra de conductas que vulneren las disposiciones de las autoridades de los sistemas de agua.
Las reformas al Código Penal se derivan de conductas de habitantes que por su voluntad y sin autorización de ninguna autoridad, sustrajeron válvulas de la red urbana de agua que han sido instaladas por Comisiones Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en esta capital y en algunas otras ciudades donde hay carencia del recurso.
