Con 47 denuncias del gobierno de Tamaulipas que involucran a 129 funcionarios públicos de la pasada administración, incluyendo al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda dejó en claro que no habrá impunidad y que esta semana terminan las indagatorias y que la próxima semana solicitarán audiencias iniciales para judicializar las carpetas, esto al comparecer ante la Comisión Anticorrupción del Congreso de Tamaulipas y dar a conocer que las denuncias las recibió el 4 de enero del 2023.
Los señalamientos son nueve delitos en las carpetas que van desde coalición de servidores, peculado, desempeño de funciones administrativas y judiciales abuso de autoridad, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y cohecho.
Mientras que las dependencias involucradas son: Obras Públicas, Salud, Finanzas, Administración, extitular del Poder Ejecutivo, Trabajo, Educación, Desarollo Rural, Seduma, entre otras más.
En relación a esas 47 denuncias, se han realizado 50 entrevistas, 140 informes periciales, solicitudes de copias certificadas y 110 acuerdos, entre otras acciones más.
«Si tuviéramos a la Unidad de Inteligencia Financiera con nosotros habría más avance en las carpetas, no es excusa y estamos trabajando».
Aclaró que no hay conflictos de interés: «no hay ninguno, se trabaja con imparcialidad, eficacia y así trabajaremos».
De su estatus de reprobado en la prueba de control y confianza destacó “Hay dos suspensiones que están pendientes, se pueden presentar la prueba de control y confianza y se puede volver a acreditar como sucede con las materias, mi caso es extraordinario porque acudí a la protección de la justicia».
Carencia de personal
Úrsula Salazar, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas preguntó entre otras cosas de las carencias de ministerios públicos, a lo que el fiscal respondió que la mayoría se han ido, les frecen un mejor salario y se van.
«Estamos urgidos de ministerios para atender las 350 carpetas qué traemos, pedimos 10 y nos dijeron que no había hasta enero del 2024».
Destacó que de la Universidad de Justicia en 2017 egresaron 38; en 2018, 49; en 2019, 40; en 2020 no hubo; en 2021 fueron 28 y en 2022 solo 30 para toda la fiscalía son muy pocos y ganan 25 mil pesos.
«Se les hace poco y les dices vente a trabajar por 500 carpetas y 500 enemigos y no quieren. Es la ausencia de autonomía, no podemos contratar nosotros todo depende de la Fiscalía General. También falta presupuesto, a pesar de todo nos clasifican encima de la media. Tamaulipas es de los estados con menos recurso»