Su nombramiento buscaba credibilidad, pero hoy representa arbitrariedad y desprecio por la legalidad.
La designación de Perla Patricia Royval Guerrero como jueza Primero de lo Civil en Ciudad Juárez pretendía simbolizar un cambio bajo el nuevo esquema judicial de Chihuahua. Sin embargo, lejos de fortalecer la credibilidad del Poder Judicial, su llegada ha destapado un historial de arbitrariedad, intolerancia y desobediencia a la ley.
En el expediente 1783/59, en el que Miguel Zaragoza Fuentes litiga contra su esposa, Evangelina López Guzmán, de 96 años, Royval Guerrero decidió ignorar suspensiones federales dictadas por un juez federal. Al violar de manera consciente las tres modalidades de suspensión —de plano, provisional y definitiva—, dejó a la mujer en un estado de vulnerabilidad absoluta.
No se trata de un hecho aislado. Su paso por la administración pública y la academia ya había dejado huellas de controversia: acusaciones de abuso de autoridad en Seguridad Pública, denuncias por discriminación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez al imponer un código de vestimenta en clases virtuales y una constante percepción de falta de preparación e independencia.
Hoy, al frente de un juzgado civil, esos antecedentes se traducen en decisiones que ponen en jaque la confianza ciudadana en la justicia. El caso de Royval Guerrero es la evidencia de que la reforma judicial no erradicó las viejas prácticas de corrupción y sumisión a intereses privados, sino que, en este caso, las reforzó.
La jueza, lejos de impartir justicia, se ha convertido en un peligro para el Estado de derecho en Chihuahua. Su nombre ya se inscribe en la lista de funcionarios que han transformado la toga en un disfraz de impunidad.
