El funcionario ignoró un requerimiento federal en un proceso penal, alimentando cuestionamientos sobre su congruencia y liderazgo.
Abelardo Valenzuela Holguín, titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, enfrenta un nuevo episodio que compromete su credibilidad como responsable de combatir la ilegalidad. Un juzgado federal lo sancionó con una multa tras confirmar que incumplió un requerimiento judicial dentro de un proceso penal, colocándolo en una posición incómoda frente a la responsabilidad que ostenta.
Los documentos oficiales señalan que el fiscal omitió remitir una carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República, pese a que la instrucción había sido emitida de manera clara por el juzgado federal el 30 de enero de 2026. Este tipo de diligencias forman parte de procedimientos básicos en la coordinación entre autoridades, por lo que su incumplimiento resulta particularmente relevante dentro del expediente 227/2025.
Ante la falta de respuesta, la autoridad judicial determinó aplicar una medida de apremio, materializada en una multa de 20 UMAs, equivalente a poco más de dos mil pesos. Aunque el monto es menor, la implicación es significativa: un fiscal anticorrupción sancionado por no acatar una orden judicial. La resolución, sustentada en el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales, refuerza la gravedad institucional del caso.
El episodio no ocurre en el vacío. Forma parte de un litigio más amplio en el que diversas autoridades han intentado trasladar el caso a instancias federales mediante recursos legales, lo que sugiere un entorno de fricción constante. En ese contexto, la omisión del fiscal adquiere un peso adicional, al interpretarse como un obstáculo en el flujo de información requerido para el avance del proceso.
Hasta ahora, Valenzuela Holguín no ha ofrecido una postura pública sobre la sanción. La ausencia de explicaciones alimenta la percepción de incongruencia: quien encabeza la lucha contra la corrupción enfrenta cuestionamientos por no cumplir con un mandato judicial. Un contraste que inevitablemente impacta su perfil y debilita la narrativa institucional que representa.
