- El apoyo político contrasta con las revisiones que realizan la FGR y la ASF sobre decisiones clave en la deuda estatal.
El apoyo incondicional de Maru Campos hacia el Auditor Superior del Estado ha reavivado el debate sobre la independencia de los órganos fiscalizadores en Chihuahua. Mientras el Congreso avanza con su reelección, la FGR y la ASF analizan auditorías realizadas bajo su conducción que podrían haber vulnerado el marco constitucional.
La auditoría forense al refinanciamiento de la deuda estatal es uno de los principales focos de atención, pues habría sido ejecutada sin un sustento documental sólido. La falta de análisis del decreto legislativo correspondiente y la construcción de conclusiones basadas en inferencias cuestionables han sido señaladas por especialistas como signos de deficiencia técnica.
Asimismo, la auditoría estatal habría incurrido en una invasión de competencias al revisar recursos federales sin contar con atribuciones para ello. Este punto podría derivar en responsabilidades legales si las instancias federales confirman la irregularidad del procedimiento.
A pesar de ello, Campos ha mantenido firme su postura y ha insistido en respaldar la permanencia del auditor. Para críticos, esta decisión envía un mensaje preocupante sobre la relación entre el Ejecutivo y el órgano encargado de fiscalizarlo.
Si las investigaciones federales concluyen que hubo fallas graves, la administración de Campos deberá enfrentar un escenario adverso. El impacto en la percepción pública sobre transparencia y legalidad podría ser significativo.
