La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua fue creada para cumplir una tarea fundamental: investigar posibles actos de corrupción y convertirse en una institución capaz de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Su existencia responde a una demanda social clara: que nadie esté por encima de la ley y que las investigaciones se conduzcan con independencia, imparcialidad y profesionalismo.
Sin embargo, a más de tres años de la llegada de Abelardo Valenzuela Holguín al cargo, la institución enfrenta una realidad incómoda. En lugar de ser reconocida principalmente por sus resultados, se ha convertido en un organismo rodeado por cuestionamientos constantes sobre su autonomía, sus prioridades y la manera en que ejerce sus facultades.
Lo más preocupante es que estas dudas no provienen de un solo sector político ni se limitan a una coyuntura específica. Han acompañado prácticamente toda la gestión del fiscal.
Desde su nombramiento en diciembre de 2022 surgieron críticas relacionadas con el procedimiento de designación, su trayectoria política y la cercanía que distintos actores percibían con el gobierno estatal. Aunque el proceso concluyó conforme a los mecanismos legales previstos, la controversia nunca desapareció. Por el contrario, se convirtió en el punto de partida de una discusión que continúa vigente.
La razón es sencilla: una Fiscalía Anticorrupción no puede conformarse con actuar dentro de la legalidad. También necesita generar confianza.
Y es precisamente ahí donde la gestión de Abelardo Valenzuela parece enfrentar sus mayores dificultades.
Cada vez que la Fiscalía aparece en la agenda pública, el debate suele regresar al mismo lugar. No se discuten únicamente los expedientes o los resultados de las investigaciones. Se cuestionan las motivaciones, las prioridades y la independencia de la institución.
Ese fenómeno se volvió particularmente evidente durante el conflicto relacionado con el exgobernador Javier Corral. Lo que comenzó como un asunto jurídico terminó escalando a una confrontación política y mediática de alcance nacional. La Fiscalía defendió sus actuaciones, mientras sus críticos denunciaban una utilización política de la institución.
Más allá de quién tuviera razón en los tribunales, el daño ya estaba hecho. La discusión pública dejó de centrarse en los hechos y comenzó a enfocarse en la credibilidad de quienes conducían la investigación.
Ese ha sido uno de los principales problemas de la administración de Valenzuela: la incapacidad para evitar que la institución quede atrapada en controversias que terminan debilitando su imagen pública.
Los enfrentamientos con autoridades federales, las disputas competenciales y las constantes críticas de actores políticos han contribuido a construir una percepción de confrontación permanente. En lugar de consolidarse como una autoridad capaz de generar confianza transversal, la Fiscalía aparece con frecuencia inmersa en conflictos que alimentan la polarización.
Y para una institución cuya principal herramienta es la credibilidad, eso representa un riesgo enorme.
Porque cuando la ciudadanía comienza a dudar de la independencia de una fiscalía, cada decisión queda bajo sospecha. Cada investigación es observada desde una lógica política. Cada resolución es interpretada como una victoria o derrota partidista.
Ese escenario resulta particularmente grave en una entidad donde el combate a la corrupción debería constituir una causa compartida por todos los sectores.
Hoy, la principal deuda de la gestión de Abelardo Valenzuela no parece ser jurídica, sino institucional. Después de años al frente de la Fiscalía, continúa existiendo una parte importante de la opinión pública que cuestiona su autonomía y observa con desconfianza el papel que desempeña la institución.
La paradoja es difícil de ignorar. La Fiscalía Anticorrupción fue creada para vigilar al poder y combatir los abusos. Sin embargo, bajo la gestión de Abelardo Valenzuela, ha terminado dedicando una parte importante de su tiempo a responder cuestionamientos sobre sí misma.
Y mientras esas dudas continúen creciendo, el mayor desafío para la institución no será abrir nuevas investigaciones. Será recuperar la confianza que ha ido perdiendo en el camino.
