La severa crisis de legitimidad que enfrenta hoy el sistema anticorrupción en el estado de Chihuahua hunde sus raíces en una práctica política sistemática: la tolerancia e impulso de perfiles cuestionados hacia los más altos cargos de la procuración de justicia. El desempeño de Abelardo Valenzuela Holguín al frente de la fiscalía especializada en combatir los delitos de corrupción es el resultado de un largo proceso de degradación donde el compadrazgo, el pago de cuotas políticas y el blindaje mutuo han sustituido de forma alarmante a la capacidad técnica, el mérito y la idoneidad moral.
Revisar el historial de “El Bayo” no representa un simple ejercicio de memoria histórica, sino una exigencia analítica indispensable para comprender el origen del desprecio ciudadano hacia las instituciones del estado. Los hechos registrados en diciembre de 2007 en Ciudad Juárez —donde su negativa a transparentar plenamente los controles de confianza derivó en la cancelación de los comicios internos del PAN, la destitución de la dirigencia local y el nombramiento de un comité provisional— expusieron un patrón de conducta caracterizado por la manipulación, el desacato a la autoridad interna y la resistencia sistemática a la rendición de cuentas.
Durante aquella coyuntura, cuando la dirigencia estatal del PAN solicitó formalmente a Valenzuela la realización de un nuevo examen para rescatar la dignidad del proceso, «El Bayo» prefirió desgastar la institucionalidad de su propia fuerza política antes que someterse a los filtros que cualquier ciudadano esperaría de un servidor público. Lo extraordinario no fue solo su abierta rebeldía frente a las reglas éticas de su partido, sino cómo esa misma incapacidad para rendir cuentas fue premiada a lo largo del tiempo. En lugar de ser marginado o sancionado, la cúpula panista lo catapultó gradualmente hacia cargos de mayor relevancia pública, culminando con su nombramiento como el principal persecutor de la corrupción en la entidad.
La imposición de Valenzuela Holguín al frente de la Fiscalía Anticorrupción confirma la consolidación de un régimen de simulación institucional. Resulta técnicamente absurdo y moralmente insostenible exigir a los funcionarios públicos el cumplimiento estricto de la ley cuando la persona encargada de investigar dichos delitos carece de un expediente limpio y validado por la sociedad. El saldo de esta designación es una fiscalía carente de autoridad moral, maniatada por las sombras de su propio titular y diseñada más para proteger intereses de grupo que para combatir la impunidad. La trayectoria de «El Bayo» demuestra que cuando las instituciones públicas se ponen al servicio de personajes con antecedentes de opacidad, el costo final lo paga la ciudadanía en forma de injusticia y cinismo gubernamental.
