Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la acusación que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, incluye la adquisición de más de una decena de propiedades, vehículos y transacciones millonarias. Y destacó que hay una disparidad entre los bienes adquiridos con sus ingresos.
Durante una reunión a distancia con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para llevar a cabo la diligencia testimonial sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, el titular de la UIF confirmó la información que dio a conocer MILENIO sobre la adquisición de por lo menos 12 inmuebles en México y Estados Unidos.
«Se denunció una compra de departamentos con recursos de posible procedencia ilícita, no le corresponde a la UIF más que demostrar hechos. El Ministerio Público es el que puede calificar si se trata de conductas delictivas o no», afirmó.
Aunque dejó en claro que el gobernador no pertenece a ningún grupo del narcotráfico, expuso que utilizó esquemas de adquisición de inmuebles a través de empresas operadoras del cártel de Sinaloa.
«Para mí resulta importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres empresas que terminan enviando recursos y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, tres millones de pesos, 2.5 millones de pesos y 875 mil pesos en marzo de 2014», mencionó.
«la UIF había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero, eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco ‘N’, lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas, con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que fueron utilizadas son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado».
En el encuentro virtual, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto detalló el esquema de adquisición de inmuebles a través de empresas operadoras del cártel de Sinaloa. “Para mi resulta importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa sino que hay 3 empresas que terminan enviando recursos y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes , 3.0 millones de peso, 2.5 millones de pesos y 875 mil pesos en marzo de 2014…..
“La UIF había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cartel de Sinaloa para efecto de lavar dinero… eso no quiere decir que el cartel de Sinaloa este relacionado con el señor Francisco N, lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas, con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que fueron utilizadas por la Sufon son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró.
Señaló que los ingresos anuales del gobernador son de 23 millones de pesos, ingresos no declarados 10 millones de pesos, lo que equivale a 34 millones de pesos. Denunció que existen bienes que no corresponden a sus ingresos, los cuales se dieron a conocer por MILENIO hace unas semanas, entre ellos, casas y departamentos en México y Estados Unidos.
Asimismo, destacó que este caso no se trata de una persecución política. A penas inició la reunión virtual en la que estuvo presente García Cabeza de Vaca, su abogado, Alonso Aguilar Zinser solicitó que no se realizara la audiencia de manera pública, porque se violarían los principios y derechos fundamentales de presunción de inocencia; así como el derecho a la privacidad de su cliente; pero, la solicitud fue rechazada.
Posteriormente, el procurador fiscal, Carlos Romero comentó que no conocía el contenido de la carpeta de investigación, dado que quien compareció y llevó a cabo el análisis de la misma fueron los peritos adscritos a la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Sin embargo, explicó que la querella presentada se sustenta en irregularidades en el pago de impuestos no realizados sólo de 2019, pero aclaró que aunque el gobernador pague, no se dará por saldada la falta.
“Formulamos la querella respectiva a consecuencia de un citatorio que recibió el procurador fiscal de la Federación de la Fiscalía General de la República en consecuencia de esa resolución nos dieron a conocer diversos documentos de los cuales se podría advertir se pudiera configurar algún delito y formulamos la querella respectiva… me permito informarle que la querella presentada se requiere única y exclusivamente al ejercicio fiscal 2019… Es decir, si una vez presentada la querella se realiza el pago respectivo ya no es un pago espontáneo, por tanto, ese pago no tendría ningún efecto dentro de la responsabilidad penal”, destacó.
Fuente: Milenio
