La evidencia apunta al manejo de información privilegiada, desde hace dos décadas. Francisco Javier García Cabeza de Vaca llegó a la Cámara de Diputados en el 2000, postulado por el PAN y en los primeros escarceos de la reforma energética, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de Investigaciones Eléctricas habían instalado una torre anemométrica para medir el potencial eólico en unos predios aledaños al aeropuerto de Reynosa.
Era el 2004. Un año después, el legislador blanquiazul alcanzó la alcaldía de aquella ciudad fronteriza. Atrás dejaba una carrera empresarial que se había concentrado en la administración de El Retiro, un rancho ubicado en las márgenes de río Soto la Marina, escriturado a nombre de Productora CAVA, una sociedad rural y agropecuaria enfocada a la crianza de ganado de alto registro.
Después de cumplir sus funciones edilicias y asociado con Baltazar Higinio Reséndez Cantú, comenzó a comprar los predios aledaños al rancho El Cortijo, uno de los sitios que técnicos identificaron con mayor potencial para la instalación de un parque eólico.
El proyecto se materializaría, una década después de los primeros estudios. Reséndez Cantú constituiría una empresa —el 30 de enero del 2014— que de acuerdo a las pesquisas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP “está relacionada con el esquema de corrupción” del que se habría beneficiado García Cabeza de Vaca.
El socio del entonces senador de la República nombró como apoderado de su empresa de energía renovable a un taxista de San Luis Potosí. El proyecto, encargado a la firma E2Q, siempre estuvo focalizado a la apertura de un parque eólico aunque contó con el aval de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, cuyo secretario de administración, Víctor Hugo Guerra, es primo del político panista.
Comprobada la factibilidad de una central eolo-eléctrica, Enerxiza se asoció con la empresa española Acciona y en el 2016 —cuando García Cabeza de Vaca ya había sido electo gobernador— obtuvo el permiso para instalar 56 aerogeneradores en un predio adquirido por una empresa desarrolladora inmobiliaria a la familia del panista.
La firma española estuvo en el caso Odebrecht, confirmó el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, el pasado viernes en la diligencia de la Sección Instructora. Y los amparos interpuestos recientemente promovidos contra la Ley de Energía Eléctrica no son ajenos a este litigio. “No se está buscando energías limpias” —sostuvo el funcionario— “sino cómo generar mejores esquemas de negocio para un grupo político en particular”.
En integración, el expediente SI/LXIV/DP/02/2014. Cuestionado por la querella formulada contra Cabeza de Vaca por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita para la adquisición de bienes inmuebles en la CDMX, Tamaulipas y Texas, Nieto Castillo hizo un relato pormenorizado sobre los indicios que sustentan la denuncia presentada por la UIF ante la FGR, que derivó en el juicio de procedencia.
Algunas propiedades constan en la declaración patrimonial del servidor público, pero la mayoría fueron omitidas por estar acreditadas a la madre, la esposa y los hermanos García Cabeza de Vaca, y otras personas físicas asociadas en por lo menos cinco empresas distintas.
La adquisición del departamento en Bosques de Santa Fe, por 42 millones de pesos, es una parte de la denuncia, pero también la compra de tres ranchos, una hacienda, una veintena de propiedades en Texas y vehículos motores de alta gama.
Nieto Castillo habló con conocimiento de causa, sin revelar los detalles contenidos en la carpeta de investigación que la fiscalía compartió con los integrantes de la Sección Instructora. En los recintos legislativos ha circulado un reporte sobre media docena de empresas referidas por el titular de la UIF en la audiencia del pasado viernes 19. Entre ellas destaca Accuracy, el despacho boutique de litigio estratégico en el que están asociados los exsenadores Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega Casillas y Roberto Gil Zuarth, mismo que asesora a la Alianza Federalista.
Fuente: El Economista
