El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene previsto discutir en la sesión pública convocada para este lunes la presunta omisión en la que ha incurrido el Senado de la República para designar a los tres integrantes faltantes del pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Lo que de facto tiene bloqueada su operación ante la falta de quórum.
La parálisis en el INAI está próxima a cumplir 500 días luego de que el Senado ha tardado 466 días en nombrar a los reemplazos de los consejeros Rosendo Evgueni Monterrey y Óscar Mauricio Guerra. Y otros 101 días con la posterior salida del consejero Francisco Javier Acuña.
Esta es la tercera ocasión en menos de una semana que, la discusión de la controversia constitucional presentada ante la parálisis generada en el INAI por la falta de quórum, se enlista en la orden del día del tribunal. El martes y el jueves de la semana pasada a pesar de estar enlistada no fue discutida.
La ministra Loretta Ortiz ha propuesto batear la controversia constitucional 280/2023 promovida por el INAI argumentando que es «parcialmente procedente» pero que, en realidad, no tiene fundamentos.
Por lo que, en su proyecto de sentencia presentado ante el pleno para su discusión, la ministra propone declarar «inexistente» cualquier tipo de omisión por parte del Senado a pesar de que han transcurrido casi 500 días sin que el órgano legislativo designe a tres nuevos consejeros del INAI.
Esto luego de que en junio pasado el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, sostuvo en un escrito de contestación a la demanda que la cámara alta «ha iniciado y llevado a cabo todos los actos parlamentarios con el objeto de nombrar a las personas que deberán formar parte del Pleno del INAI» pero que, sin embargo, dos nombramientos fueron objetados y un tercero no alcanzó el porcentaje de votacición requerido.
«Este Alto Tribunal considera que los conceptos de invalidez presentados por el Instituto actor son infundados por dos razones fundamentales. La primera es porque la doctrina relacionada con las omisiones legislativas desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es aplicable a las designaciones que corresponden al Senado de la República. La segunda, ya que a diferencia de lo que sostiene la parte actora, se estima que, dada la naturaleza de este órgano, sí es relevante tomar en cuenta las acciones que ha llevado a cabo para el proceso de designación, toda vez que el resultado que alega se compone y es fruto de una serie de determinaciones que este Tribunal considera soberanas y discrecionales», se lee al respecto en el proyecto de sentencia.
Sociedad civil advierte sobre peligro de retroceso en materia de transparencia
Este lunes, paralelamente, organizaciones no gubernamentales e integrantes de la sociedad civil publicaron un escrito haciendo un llamado a los ministros de la SCJN para que voten en contra del proyecto de sentencia propuesto por la ministra Ortiz por considerarlo contrario al «derecho humano a saber».
«Les exigimos que no acompañen el proyecto de sentencia de la ministra ponente Loretta Ortiz, toda vez que representa un retroceso democrático y vulnera los derechos de acceso a la información y protección de datos personales«, argumentaron las 125 organizaciones y 485 integrantes de la sociedad civil.
Insistieron que, de ser aprobado el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz, el INAI quedaría imposibilitado para llevar a cabo de manera plena sus facultades y competencias.
Entre las que recordaron que se encuentran:
1. Expedir y vigilar el cumplimiento de legislaciones sobre transparencia, derecho a la información y datos personales.
2. Resolver los recursos de revisión que las personas presenten ante negativas de información.
3. Interponer acciones en contra de leyes que vulneren los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, todo lo cual puede acarrear afectaciones serias a los derechos humanos de la ciudadanía.
Además sostuvieron que, el retraso en los nombramientos por parte del Senado, se suma a una serie de presuntas estrategias de opacidad urdidas desde el gobierno federal.
«El contexto es grave, pues se registran múltiples estrategias de opacidad que limitan conocer el funcionamiento cotidiano del gobierno. El debilitamiento deliberado de un instituto central para eliminar la cultura del secreto del quehacer gubernamental tiene repercusiones directas en la vida de las personas. Cada minuto se toman decisiones que limitan el bienestar del pueblo, como negar y ocultar información que nos permitiría saber cómo se ejercen los recursos públicos que todas y todos pagamos o decisiones que nos afectan como sociedad», argumentaron en el escritorio difundido horas antes de la sesión pública del pleno de la SCJN.
