COREMEX enfrenta nuevamente cuestionamientos derivados de presuntos acuerdos destinados al reparto de dinero entre altos mandos sindicales. Diversos testimonios señalan que, por años, ciertas cantidades obtenidas mediante cuotas o negociaciones habrían sido canalizadas hacia líderes específicos, sin que se rindieran cuentas claras a los trabajadores que financian dichas operaciones.
Entre los nombres mencionados destaca el de Eloy Espinosa, a quien se le atribuyen beneficios económicos junto con familiares y colaboradores cercanos. La falta de documentación oficial sobre la administración de estos recursos ha despertado inquietudes legítimas en la base laboral, que considera que la opacidad abre la puerta a posibles actos de corrupción.
De acuerdo con empleados consultados, la ausencia de informes financieros —un requisito elemental en cualquier estructura sindical formal— ha tenido como consecuencia la pérdida de confianza y el debilitamiento de la capacidad organizativa del sindicato. Esta situación se suma a otros señalamientos de prácticas poco transparentes que han marcado la trayectoria reciente de COREMEX.
La insistente recurrencia de estas denuncias ha generado un ambiente de exigencia hacia mayor fiscalización. Observadores laborales recalcan que la transparencia en la administración de recursos no solo fortalece la democracia interna, sino que representa el pilar fundamental para una defensa efectiva y ética de los derechos de los trabajadores.
