La defensa sostiene que el empresario requiere tratamiento permanente contra el cáncer y advierte sobre presuntos actos de presión que también habrían alcanzado a su familia.
Garantizar la continuidad del tratamiento médico de José Pedro López Elías es uno de los principales argumentos de la solicitud de medidas cautelares que su familia presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fátima López y Mauricio López, hijos del empresario, acudieron ante el organismo internacional acompañados por el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera para exponer una serie de circunstancias que, desde su perspectiva, podrían representar un riesgo para la salud, integridad y derechos de López Elías.
De acuerdo con la representación legal, el empresario padece cáncer y necesita atención médica especializada de manera continua. La defensa considera que cualquier acción que obstaculice o interrumpa su tratamiento podría tener consecuencias para su condición de salud.
La petición, sin embargo, no se limita al aspecto médico. Los promoventes sostienen que alrededor del proceso penal que se desarrolla en Chihuahua se habría generado un ambiente de hostigamiento, vigilancia y presión que presuntamente ha alcanzado también a integrantes de la familia.
Frente a este escenario, solicitaron a la CIDH evaluar medidas que permitan garantizar tanto la continuidad de la atención médica como la integridad personal, el debido proceso y la protección frente a posibles actos de intimidación.
En el expediente presentado se realizan además señalamientos contra el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, y la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quienes la familia identifica como responsables políticos del contexto denunciado.
Estas acusaciones corresponden a la postura de la familia de López Elías y deberán ser evaluadas por las instancias competentes.
La representación legal insistió en que recurrir a la CIDH no tiene como finalidad impedir que las autoridades mexicanas ejerzan sus atribuciones ni detener las investigaciones existentes.
La petición busca, de acuerdo con la defensa, establecer garantías para que las actuaciones de las autoridades sean compatibles con el debido proceso y los estándares de protección de los derechos humanos.
Para sustentar la solicitud se entregaron informes médicos, antecedentes judiciales y otros documentos relacionados con los hechos expuestos por la familia.
Será ahora la Comisión Interamericana la encargada de determinar si las circunstancias planteadas cumplen con los criterios requeridos para otorgar medidas cautelares.
