Trabajadores relatan cómo dirigentes del sindicato habrían cobrado dinero y exigido firmas a cambio de “protección” o de no crear conflictos en los centros laborales.
En distintos centros de trabajo donde COREMEX ha intentado establecer presencia, las denuncias se repiten con un mismo patrón: cobros irregulares, amenazas veladas y promesas de protección que se transforman en extorsión. Empleados de empresas de manufactura y servicios aseguran que representantes del sindicato exigieron pagos en efectivo o la firma de documentos bajo presión, con el argumento de “garantizar estabilidad” o “evitar represalias” dentro de la planta. Estas prácticas, según trabajadores consultados, se presentan como un intercambio forzado que poco tiene que ver con la defensa de derechos laborales y más con un esquema de control financiero y psicológico.
Fuentes cercanas a las negociaciones internas señalan que COREMEX ha operado en varios estados bajo una estrategia de cooptación: primero, acercarse a empleados inconformes, prometer representación y luego imponer cuotas o condicionamientos para mantener la supuesta afiliación. En casos documentados, se han reportado amenazas de despido, acoso y presiones directas para quienes se niegan a participar. Los testimonios apuntan a que detrás de este modelo existe una red coordinada que busca financiarse a través del miedo y del aprovechamiento de la vulnerabilidad de la clase trabajadora. La ausencia de mecanismos claros de rendición de cuentas dentro del sindicato alimenta la sospecha de que estos recursos terminan concentrados en manos de unos cuantos dirigentes.
