La Comisión Nacional de Derechos Humanos recomendó al INM capacitar en materia de derechos humanos a su personal adscrito o comisionado en Tamaulipas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas continuar, junto con la FGR, con la localización de las aproximadamente 95 personas relacionadas con el trámite de las indagatorias.
Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó el ataque y secuestro de cerca de una centena de migrantes, durante 2019, en su paso por Tamaulipas, el Instituto Nacional de Migración (INM) aceptó la recomendación realizada por este organismo defensor de los Derechos Humanos.
A través de un breve comunicado, el INM señaló que desde el jueves pasado dio respuesta oficial a la recomendación y designó a la directora general de Protección al Migrante y Vinculación, Ruth Villanueva Castilleja, como enlace para dar seguimiento al cumplimiento de dicha recomendación; además de aceptar el recurso 44VG/2021 emitido por la CNDH por lo sucedido en marzo de 2019.
Cabe señalar que la CNDH emitió la Recomendación 44VG/2021 a la Fiscalía General de la República (FGR); a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); al Instituto Nacional de Migración (INM); a la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNB); así como al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por el secuestro, en el año 2019, de aproximadamente 95 migrantes que transitaban por esta entidad.
Esto último al documentar los casos de migrantes que fueron secuestradas mientras viajaban en diversos autobuses por territorio tamaulipeco, el 19, 20 y 27 de febrero, así como 7 y 12 de marzo de ese año. Añadió que contó con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad ciudadana, de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, así como al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, por dilación e irregular integración de las carpetas de investigación.
Además de advertir que las instancias de seguridad pública pertenecientes a los gobiernos federal y de Tamaulipas no garantizaron el derecho a la seguridad ciudadana de las víctimas y tampoco implementaron estrategias y políticas públicas que garantizaran el respeto a sus derechos humanos; omitieron aplicar los procedimientos e instrumentos jurídicos relacionados con la búsqueda de personas y rechazaron brindar información a esta Comisión Nacional.
En el caso específico del Instituto Nacional de Migración se recomendó capacitar en materia de derechos humanos a su personal adscrito o comisionado en Tamaulipas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas continuar, junto con la FGR, con la localización de las aproximadamente 95 personas relacionadas con el trámite de las indagatorias.
FUENTE: El Economista
