Trabajadores señalaron directamente a la dirigencia de Arturo Zayún por presuntas prácticas de presión, ocultamiento de información y daño económico a la base laboral.
La huelga en Nacional Monte de Piedad sumó un nuevo señalamiento contra la dirigencia encabezada por Arturo Zayún González. A casi nueve meses del paro, trabajadores denunciaron que el sindicato huelguista no sólo ha mantenido a la base en incertidumbre, sino que también habría ejercido presiones contra quienes deciden apartarse de su conducción.
Durante una asamblea difundida por el Sindicato Independiente en TikTok, trabajadores de ambos sindicatos afirmaron que la situación económica de la base laboral ya llegó a un punto crítico. Señalaron que, mientras cientos de familias enfrentan pérdida de ingresos, prestaciones y estabilidad, la dirigencia sindical continúa prolongando un conflicto sin informar con claridad sus alcances reales.
El caso más delicado fue expuesto por Olivia Villasana, trabajadora de Nacional Monte de Piedad, quien denunció que su padre, jubilado de la institución, habría sido castigado con el retiro de su seguro de vida después de que ella decidió cambiarse al Sindicato Independiente.
La denuncia fue presentada como un ejemplo de las presuntas represalias que enfrentarían trabajadores y jubilados que no se alinean con la dirigencia de Arturo Zayún. Para los participantes de la asamblea, este caso exhibe una práctica particularmente grave: utilizar derechos o beneficios sensibles como mecanismo de presión interna.
El señalamiento modifica el centro del debate. El conflicto ya no se limita a la duración de la huelga o a la negociación con la institución; ahora también coloca bajo cuestionamiento la forma en que la dirigencia sindical trata a quienes disienten, se cambian de sindicato o exigen información sobre el futuro laboral de la base.
El Sindicato Independiente sostuvo que esta situación confirma una conducción sindical basada en el control político, no en la representación democrática de los trabajadores. Desde su perspectiva, la dirigencia ha dejado de escuchar a la base y ha concentrado decisiones que afectan directamente el patrimonio, la seguridad y la estabilidad de las familias trabajadoras.
En la misma asamblea, los participantes acusaron falta de transparencia del sindicato huelguista. Señalaron que se ha ocultado información relevante sobre el estado real de las negociaciones, los riesgos jurídicos del conflicto y las consecuencias económicas que tendría continuar con el paro.
El costo para los trabajadores, afirmaron, ya es evidente. Tras casi nueve meses de huelga, han perdido salarios, fondos de ahorro y aguinaldo, mientras enfrentan el riesgo de perder un segundo aguinaldo. También denunciaron incertidumbre sobre pagos vinculados con INFONAVIT y dificultades para encontrar empleo temporal, especialmente entre trabajadores de mayor edad.
“Somos los trabajadores quienes tenemos el poder de quitar la huelga; no una sola persona tiene que decidir por todos”, expresaron como llamado a reorganizar la decisión desde la base trabajadora.
