Compradores exigen explicaciones a Isaac Steiner Aizenman, José Joey Assa Masri y Marcos Sasson por la transición comercial del proyecto
Acapulco, Guerrero. — En el negocio inmobiliario, cambiar el nombre de un desarrollo puede responder a estrategias de mercado, ajustes de imagen o nuevas etapas comerciales. Sin embargo, cuando existen compradores que aseguran haber invertido sumas millonarias sin recibir lo prometido, ese movimiento deja de verse como una simple decisión corporativa y se convierte en motivo de sospecha. Eso es precisamente lo que hoy ocurre con Nao Living en Acapulco Diamante.
El proyecto ha sido vinculado públicamente con un desarrollo previo identificado como Avento. La relación entre ambos nombres ha provocado molestia entre inversionistas, quienes consideran que nunca se explicó con claridad si se trató de una evolución natural del proyecto, una reestructura administrativa o una forma de distanciarse de obligaciones previamente adquiridas.
Para los afectados, la duda principal no es menor: si Avento pasó a convertirse en Nao Living, ¿qué ocurrió con quienes ya habían apartado unidades, firmado contratos o entregado anticipos bajo la identidad anterior?
En medio de esta controversia aparecen los nombres de Isaac Steiner Aizenman, José Joey Assa Masri y Marcos Sasson. Compradores y diversas publicaciones los ubican como figuras relevantes dentro del entorno empresarial relacionado con el desarrollo. Por ello, la exigencia pública se centra en que aclaren cuál fue su nivel de participación en la promoción, estructura comercial o toma de decisiones del proyecto.
Nao Living aparece promovido por Inmofin, empresa que se presenta con más de cuatro décadas de experiencia y un portafolio amplio de inmuebles y desarrollos. Lejos de calmar las dudas, esa trayectoria ha elevado el nivel de exigencia. Para los inconformes, una firma consolidada debería ofrecer absoluta certeza jurídica y operativa en proyectos de alto valor. Los señalamientos no se limitan al cambio de nombre. También se mencionan retrasos prolongados, comunicación deficiente, falta de entrega de unidades y posibles inconsistencias en procesos de preventa. Algunas voces incluso cuestionan si pudieron existir compromisos simultáneos sobre ciertas unidades, situación que, de comprobarse, tendría implicaciones mayores. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Guerrero también enfrenta presión. Los afectados acusan lentitud en las investigaciones y una falta de resultados visibles. Para ellos, el tiempo transcurrido sin avances concretos solo alimenta la sensación de impunidad.
