Abelardo Valenzuela: el fiscal que convirtió la desconfianza en el principal enemigo de la Fiscalía anticorrupción de Chihuahua
Lo que comenzó como un nombramiento rodeado de cuestionamientos terminó convirtiéndose en una gestión marcada por la confrontación, las dudas sobre la autonomía institucional y una credibilidad que sigue sin consolidarse. Hoy, la Fiscalía Anticorrupción enfrenta un reto mayor que cualquier investigación: recuperar la confianza de una ciudadanía que observa con creciente escepticismo el actuar de quien debería combatir la corrupción.
Cuando una Fiscalía Anticorrupción genera más debate por las controversias que rodean a su titular que por los resultados de sus investigaciones, existe un problema que va mucho más allá de la política. Se trata de un desgaste institucional que termina debilitando la confianza ciudadana y afectando la legitimidad de una de las dependencias más importantes para el combate a la corrupción. Ese parece ser el escenario que enfrenta actualmente la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua bajo la dirección de Abelardo Valenzuela Holguín.
Desde su llegada al cargo en diciembre de 2022, el fiscal ha convivido con cuestionamientos que nunca terminaron de desaparecer. Su nombramiento fue objeto de críticas desde distintos sectores políticos que advirtieron sobre la necesidad de garantizar una independencia absoluta en una institución cuya función consiste precisamente en investigar posibles irregularidades cometidas por servidores públicos. Aunque el procedimiento legislativo concluyó conforme a la ley, la discusión política sobrevivió al nombramiento y terminó acompañando prácticamente toda su gestión.
Con el paso del tiempo, la expectativa de que esos cuestionamientos desaparecieran fue sustituida por una realidad distinta. Cada conflicto institucional, cada disputa jurídica y cada caso de alto perfil terminaron fortaleciendo una narrativa de desconfianza que la Fiscalía nunca logró revertir completamente. En lugar de convertirse en un referente de autonomía, la institución comenzó a ser observada bajo una lupa permanente por actores políticos, especialistas y ciudadanos que cuestionaban si realmente existía la independencia que exige una fiscalía especializada.
El caso relacionado con Javier Corral marcó un punto de inflexión. La investigación dejó de ser únicamente un asunto jurídico para transformarse en un conflicto político que trascendió Chihuahua y colocó a la Fiscalía en el centro de una discusión nacional. Más allá de los argumentos legales expuestos por cada una de las partes, el episodio terminó profundizando las dudas sobre la imparcialidad de la institución y fortaleciendo una percepción de confrontación que aún persiste.
Ese ha sido, probablemente, el mayor costo de la administración encabezada por Abelardo Valenzuela. No únicamente por las resoluciones judiciales o por las diferencias con autoridades federales, sino porque la conversación pública dejó de concentrarse en el combate a la corrupción para enfocarse en la propia Fiscalía.
Cuando una institución dedicada a investigar al poder comienza a ser cuestionada por su capacidad para mantenerse al margen de ese mismo poder, la credibilidad se convierte en el expediente más difícil de resolver. La autonomía ya no basta con proclamarse; debe reflejarse en cada decisión y convencer incluso a quienes mantienen una postura crítica.
Hoy, después de más de tres años de gestión, el principal desafío para Abelardo Valenzuela ya no parece ser abrir nuevas investigaciones, sino reconstruir una confianza institucional que continúa debilitándose. Porque ninguna Fiscalía Anticorrupción puede aspirar a combatir eficazmente la corrupción si una parte importante de la sociedad sigue preguntándose si actúa con la independencia que la ley le exige.
