Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Autoridades estatales y federales han abierto una investigación formal contra exfuncionarios del gobierno de Tamaulipas por su presunta participación en el desvío de más de 2,500 millones de pesos que habrían sido transferidos irregularmente al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET).
La indagatoria, confirmada este martes por fuentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, involucra a exservidores públicos de primer nivel de la administración anterior, quienes habrían autorizado movimientos financieros irregulares a través de convenios y contratos con terceros, sin justificación legal ni respaldo documental.
Según la información preliminar, entre 2021 y 2022, recursos públicos etiquetados para programas sociales, infraestructura y salud fueron redirigidos al IPSSET bajo esquemas financieros opacos, simulando aportaciones extraordinarias, adquisiciones o pagos a proveedores inexistentes. El monto total observado supera los 2,500 millones de pesos.
El actual gobierno estatal, encabezado por Américo Villarreal, denunció las irregularidades tras realizar auditorías internas y detectar inconsistencias en los estados financieros del instituto. En respuesta, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) han iniciado el rastreo de cuentas, contratos y posibles beneficiarios de los desvíos.
El IPSSET es la institución encargada de administrar las pensiones, préstamos y servicios de salud de los trabajadores del estado. La magnitud del presunto desfalco ha generado preocupación entre empleados activos y jubilados, quienes temen afectaciones en sus derechos adquiridos y en la viabilidad financiera del organismo.
“Estamos ante un posible fraude millonario que compromete la estabilidad de un instituto clave para miles de familias tamaulipecas”, advirtió un funcionario estatal, quien solicitó el anonimato. Asimismo, no se descarta que haya redes de complicidad entre empresas fantasma, exfuncionarios y despachos externos utilizados para blanquear los fondos.
Por su parte, el gobernador Villarreal declaró que su administración está comprometida con la transparencia y el castigo a quienes hayan abusado del poder público. Señaló que se dará seguimiento legal y que se buscará recuperar los recursos desviados.
Hasta el momento, no se ha confirmado si hay órdenes de aprehensión emitidas, pero la investigación se encuentra en etapa avanzada. Se espera que en los próximos días se den a conocer los nombres de los implicados, así como las acciones legales que se tomarán para sancionar a los responsables y evitar nuevos daños al patrimonio estatal.
