La auditoría forense AEF-54/2022 genera controversia por sus posibles contradicciones con revisiones anteriores y resoluciones sobre el refinanciamiento estatal.
La denuncia ante la FGR coincide con una iniciativa del Congreso de Chihuahua para otorgar fuero constitucional al auditor superior.
La auditoría forense AEF-54/2022, relacionada con el refinanciamiento de la deuda pública de Chihuahua en 2019, ocupa el centro de una controversia que involucra a Héctor Acosta Félix, titular de la Auditoría Superior del Estado, y una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República.
Según ZonaFree, José Pedro López Elías denunció presuntas irregularidades en esa revisión, que habría sido utilizada para sustentar acusaciones penales contra personas relacionadas con las operaciones financieras examinadas.
Auditorías anteriores y resolución de la Suprema Corte
El denunciante afirma que existían auditorías anteriores cuyos resultados deberían considerarse al evaluar la legalidad y los alcances de la revisión forense. Sus señalamientos todavía requieren una determinación de las autoridades competentes.
La controversia incluye un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la validación del decreto legislativo que autorizó el refinanciamiento estatal. Esa decisión constitucional no demuestra, por sí sola, que todas las actuaciones administrativas posteriores hayan sido correctas.
ZonaFree también refiere dos auditorías de la Auditoría Superior de la Federación relacionadas con las finanzas públicas de Chihuahua durante 2019, incluida una revisión sobre disciplina financiera y deuda pública.
Estos antecedentes abren preguntas concretas: qué aspectos examinó cada institución, cuáles fueron sus conclusiones y por qué se realizó posteriormente una auditoría forense estatal.
Congreso de Chihuahua busca otorgar fuero
La discusión adquiere otra dimensión porque el Congreso de Chihuahua impulsa otorgar fuero constitucional al titular de la Auditoría Superior del Estado. La comisión legislativa correspondiente aprobó la propuesta el 18 de septiembre.
Antes de decidir, los diputados deberán conocer los documentos, distinguir las competencias federales y estatales y explicar cómo operaría la protección constitucional frente a posibles investigaciones.
La independencia de la fiscalización es indispensable, pero también lo es la posibilidad de revisar la actuación de quienes fiscalizan. El caso exige respuestas sustentadas en expedientes verificables y resoluciones oficiales, sin convertir acusaciones todavía controvertidas en hechos judicialmente acreditados.
